Casi todo se decide
cuando se firma.

El pacto de socios no se escribe para cuando las cosas van bien. Se escribe para el día en que uno quiere salirse, otro deja de dedicarle horas, o aparece un tercero que quiere entrar. Ese día la amistad no regula nada y los estatutos, casi tampoco.

Es de los documentos más baratos de hacer antes y de los más caros de sustituir por un pleito después.

Más de lo que suele pensarse. Además de responder frente a la sociedad y frente a los socios por los daños que cause su gestión, puede acabar respondiendo con su patrimonio personal de deudas sociales cuando incumple deberes concretos —por ejemplo, no promover la disolución cuando concurre causa legal para ello.

Trabajo las dos caras: ejercitando la acción de responsabilidad cuando el perjudicado es la sociedad o el socio, y defendiendo al administrador cuando la acción va contra él.

No siempre. Cuando la deuda está documentada —facturas, albaranes, correos que la reconozcan— el procedimiento monitorio permite reclamarla de forma ágil: si el deudor no se opone en plazo, se abre directamente la vía de ejecución.

Antes de nada hago otra cosa, que es la que decide de verdad: mirar si el deudor tiene con qué pagar. Ganar un pleito a quien no tiene nada es caro y no sirve para cobrar.

La deuda que no aparece en el balance: avales prestados, litigios en curso, deuda con Hacienda o Seguridad Social aplazada, contratos con cláusulas que se disparan justo al cambiar el control de la sociedad.

Y sobre todo, la forma de la operación. Comprar las participaciones no es lo mismo que comprar el negocio: en el primer caso la sociedad se compra con todo su pasado dentro. Esa decisión se toma al principio y condiciona el resto.